Nos unimos al manifiesto #EmergenciaVivienda de EAPN España

Nuestra entidad se ha adherido al manifiesto » Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible», lanzado desde  EAPN España,  red a la que pertenecemos. Este manifiesto es parte de la campaña #EmergenciaVivienda  cuyo objetivo es  sumar apoyos y llamar la atención de la opinión pública sobre la necesidad de mejorar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible. 

Desde Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida destacamos que la emergencia habitacional afecta especialmente a las personas más jóvenes, ya que es el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional.

Sin una vivienda digna, adecuada y accesible, los y las jóvenes encuentran especiales dificultades para construir sus proyectos de vida independiente.

Manifiesto

La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para millones de personas en España. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas.
Los datos de exclusión en la vivienda abruman y se han agravado con la crisis sanitaria. El 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60% de la población en situación  de pobreza severa.

Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más
importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza.
Con la covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo ha aumentado a 5,7 millones las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.

Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado,  barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad). 

Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.

Frente a esta emergencia, constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación
presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho.

Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más.

En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo
tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614.000
hogares).

Las organizaciones abajo firmantes defendemos la vivienda como un derecho humano indispensable y un bien de utilidad social. Garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y
otros derechos tan fundamentales como la salud y el bienestar.

Creemos también que tanto la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda son oportunidades para asegurar su función social en todo el
territorio, exigiendo su plena implantación en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, facilitando la complementariedad con las acciones que ya realizan y la simplificación burocrática y priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables.

Defendemos y entendemos como obra pública prioritaria la inversión en vivienda, especialmente en rehabilitación, como clave de recuperación económica y reconstrucción de derechos post covid que beneficie a toda la ciudadanía, así como de destino prioritario
en fondos tanto estatales como europeos.

Demandamos las siguientes prioridades:
– Consideración de la vivienda como un derecho humano en la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda explicitando su función social.

– Mantener de forma permanente la titularidad pública y la calificación de las viviendas promovidas con fondos públicos bajo algún régimen de protección. Asegurando que siempre estarán disponibles para resolver necesidades de las personas en situación o
riesgo de exclusión.

– Incrementar el esfuerzo de las administraciones públicas en rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas, control de situaciones anómalas en su uso, y promoción de vivienda asequible, fundamentalmente, en alquiler. Asegurando que este submercado alcanza como mínimo el 40% del PIB de la construcción.

– Implementar desde las Comunidades Autónomas los programas de lucha contra la exclusión residencial severa (sinhogarismo de calle, vivienda insegura, infravivienda y chabolismo) incluidos en el futuro Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que aseguren la incorporación a viviendas normalizadas.

Y medidas en relación con problemáticas concretas:

1. Refuerzo de la acción preventiva para evitar la pérdida de la vivienda y para erradicar situaciones de sinhogarismo, hacinamiento o sobreocupación, ocupación, alquileres no regulados, etc. Tener en cuenta situaciones de especial vulnerabilidad, y establecer
criterios de priorización cuando formen parte de la unidad de convivencia personas dependientes, menores, personas mayores o familias monoparentales.
2. Asignar recursos públicos para la reducción de los costes de la vivienda con respecto a los ingresos familiares, respetando el tope recomendado por la Unión Europea en el 30% de la renta familiar asignado a vivienda. Incluyendo suministros de energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones digitales.
3. Ampliación de la oferta de vivienda pública de calidad en alquiler asequible y social al nivel medio europeo. Mediante la recuperación y rehabilitación, la reorientación de parque desocupado y el establecimiento de ayudas masivas al alquiler para las personas
y familias vulnerables. Asegurando que una reserva del 30% de las construcciones de vivienda nueva sea dedicada al alquiler social.
4. Mecanismos de protección ante casos de situación o riesgo de pérdida de vivienda.
Garantizando el realojo obligatorio desde la administración y una solución habitacional adecuada a las personas y familias que se encuentran en proceso de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, en situación de calle o en infraviviendas, así como un
servicio gratuito de intermediación con la propiedad del inmueble.
5. Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, regulando el alquiler de habitaciones que permita dotar de seguridad jurídica a los arrendatarios, una situación habitacional muy extendida entre personas en situación de exclusión social.
6. Potenciar la colaboración e implicación activa del Tercer Sector de Acción Social: Gestión y promoción (de obra nueva o de remodelación y rehabilitación) de soluciones habitacionales sociales, rehabilitación con empresas de inserción, acompañamiento social
de las familias, coordinación entre salud, vivienda y servicios sociales, apoyo con
programas de inserción sociolaboral, etc.
7. Asegurar políticas integrales con enfoque de derechos humanos que den respuesta a las
necesidades de las personas, complementando de manera coordinada las políticas de
acceso a la vivienda con otras que garanticen la inclusión social de la ciudadanía en
situación más empobrecida y vulnerable.
8. Garantía de accesibilidad universal y eliminación de barreras arquitectónicas,
comunicativas y cognitivas en todos los edificios y viviendas mediante rehabilitación y
reformas integrales. Modificando la Ley de Propiedad Horizontal y con financiación
suficiente, preferiblemente de pago adelantado.
La exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y
multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas.
Ha llegado la hora de concretar acciones que cambien positiva y eficazmente el destino
de millones de personas. ¡La vivienda es una emergencia!
Defendemos el derecho humano a la vivienda digna, adecuada y accesible.

Actívate contra la Pobreza.

#EmergenciaVivienda

Toda la información en la web de EAPN

Apptivando a las personas mayores en Galicia

A través de la tecnología queremos empoderar a las personas mayores para que puedan hacer gestiones útiles en su día a día. Más de 100 personas se han formado en diferentes formaciones con Fundación Esplai con la vuelta de los talleres presenciales una vez completado el proceso de vacunación. Padrón, Mos, Vigo, Santiago, Oimbra y Verín han recibido formaciones y materiales para que las personas mayores sigan conectadas y puedan darle uso a sus Smartphone.

Las temáticas de los talleres han sido elegidas por las propias entidades a las que acuden las personas mayores para estas formaciones, con el objetivo de adaptarnos siempre a las necesidades detectadas por las personas.

Algunas de las temáticas que hemos tratado durante este primer semestre han sido:

  • Aplicación del Sergas para pedir citas médicas y obtención de certificados de vacunación.
  • Movilidad y orientación a través de aplicaciones cómo Google Maps o Moovit para el transporte urbano de las ciudades.
  • Lectura de códigos QR
  • Uso del Whatsapp para la comunicación con familiares y amistades.

Gracias a la alfabetización digital promocionamos un envejecimiento activo y mejoraremos la calidad de vida de nuestros mayores. El proyecto TIC para el bienestar de las personas mayores está financiado por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.

1a edición del proyecto EDYTA. Competencias digitales para mujeres en riesgo de exclusión

Durante los próximos meses se desarrollará en el nuevo centro de competencias digitales de Red Conecta, situado en Tarragona, el curso EDYTA. Un proyecto pedagógico de ámbito nacional en torno a la educación y transformación digital, destinado tanto a mujeres como a entidades del tercer sector que trabajan con colectivos femeninos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y baja empleabilidad.

En esta formación participaran diez mujeres, con el objetivo de fomentar sus competencias digitales y su empoderamiento personal. También la propia entidad es impactada con la habilitación de un nuevo espacio digital que cuenta con equipamiento digital nuevo. Todo lo necesario para que las alumnas trabajen habilidades, conocimientos y competencias tales como la creatividad, innovación, empleabilidad y tecnología.

El proyecto se basa en la metodología de aprendizaje activo como el “learning by projects” y el desarrollo de un programa pedagógico adecuado a cada perfil social. EDYTA se caracteriza fundamentalmente por la adaptación y flexibilidad curricular pero sistematizada a las diferentes necesidades de las entidades donde tiene lugar.

Así, en el aula se trabajan contenidos como creación, gestión y modificación de documentos, identidad digital y marca personal, creación de contenidos digitales (textos, fotografía y vídeos), gestiones administrativas online, herramientas en la nube, etc. A la vez que se ponen en práctica distintas competencias transversales como el trabajo en grupo y la cooperación, la gestión de la información, la resiliencia, la capacidad crítica o la gestión de las emociones.

Esta iniciativa pretende ser una herramienta para empoderar a estas mujeres, aumentar la repercusión social de sus acciones y favorecer su inclusión social y  laboral a través del desarrollo de competencias digitales.

Inicio del curso e inauguración del aula EDYTA

El próximo lunes 13 de septiembre arranca el primero de los cursos EDYTA en Tarragona con un total de 10 participantes. El acto de inauguración del curso y también del espacio que se ha habilitado durante estos meses para acoger la formación será el próximo martes 28 de septiembre. Al acto asistirán Joana Barbany, Directora General de Societat Digital de la Generalitat de Cataluña así cómo representantes de Fundación Orange, Fundación Esplai y administraciones locales y entidades de Tarragona. 

Con el apoyo de: 

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