Nuestra entidad se ha adherido al manifiesto » Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible», lanzado desde EAPN España, red a la que pertenecemos. Este manifiesto es parte de la campaña #EmergenciaVivienda cuyo objetivo es sumar apoyos y llamar la atención de la opinión pública sobre la necesidad de mejorar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible.
Desde Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida destacamos que la emergencia habitacional afecta especialmente a las personas más jóvenes, ya que es el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional.
Sin una vivienda digna, adecuada y accesible, los y las jóvenes encuentran especiales dificultades para construir sus proyectos de vida independiente.
Manifiesto
La emergencia habitacional que suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es una realidad para millones de personas en España. La vulneración de este Derecho Humano ha sido reiteradamente condenada por Naciones Unidas por la carencia de legislación y políticas públicas adecuadas.
Los datos de exclusión en la vivienda abruman y se han agravado con la crisis sanitaria. El 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60% de la población en situación de pobreza severa.
Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más
importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza.
Con la covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo ha aumentado a 5,7 millones las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.
Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad).
Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.
Frente a esta emergencia, constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación
presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho.
Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más.
En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo
tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614.000
hogares).
Las organizaciones abajo firmantes defendemos la vivienda como un derecho humano indispensable y un bien de utilidad social. Garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y
otros derechos tan fundamentales como la salud y el bienestar.
Creemos también que tanto la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda son oportunidades para asegurar su función social en todo el
territorio, exigiendo su plena implantación en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, facilitando la complementariedad con las acciones que ya realizan y la simplificación burocrática y priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables.
Defendemos y entendemos como obra pública prioritaria la inversión en vivienda, especialmente en rehabilitación, como clave de recuperación económica y reconstrucción de derechos post covid que beneficie a toda la ciudadanía, así como de destino prioritario
en fondos tanto estatales como europeos.
Demandamos las siguientes prioridades:
– Consideración de la vivienda como un derecho humano en la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda explicitando su función social.
– Mantener de forma permanente la titularidad pública y la calificación de las viviendas promovidas con fondos públicos bajo algún régimen de protección. Asegurando que siempre estarán disponibles para resolver necesidades de las personas en situación o
riesgo de exclusión.
– Incrementar el esfuerzo de las administraciones públicas en rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas, control de situaciones anómalas en su uso, y promoción de vivienda asequible, fundamentalmente, en alquiler. Asegurando que este submercado alcanza como mínimo el 40% del PIB de la construcción.
– Implementar desde las Comunidades Autónomas los programas de lucha contra la exclusión residencial severa (sinhogarismo de calle, vivienda insegura, infravivienda y chabolismo) incluidos en el futuro Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que aseguren la incorporación a viviendas normalizadas.
Y medidas en relación con problemáticas concretas:
1. Refuerzo de la acción preventiva para evitar la pérdida de la vivienda y para erradicar situaciones de sinhogarismo, hacinamiento o sobreocupación, ocupación, alquileres no regulados, etc. Tener en cuenta situaciones de especial vulnerabilidad, y establecer
criterios de priorización cuando formen parte de la unidad de convivencia personas dependientes, menores, personas mayores o familias monoparentales.
2. Asignar recursos públicos para la reducción de los costes de la vivienda con respecto a los ingresos familiares, respetando el tope recomendado por la Unión Europea en el 30% de la renta familiar asignado a vivienda. Incluyendo suministros de energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones digitales.
3. Ampliación de la oferta de vivienda pública de calidad en alquiler asequible y social al nivel medio europeo. Mediante la recuperación y rehabilitación, la reorientación de parque desocupado y el establecimiento de ayudas masivas al alquiler para las personas
y familias vulnerables. Asegurando que una reserva del 30% de las construcciones de vivienda nueva sea dedicada al alquiler social.
4. Mecanismos de protección ante casos de situación o riesgo de pérdida de vivienda.
Garantizando el realojo obligatorio desde la administración y una solución habitacional adecuada a las personas y familias que se encuentran en proceso de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, en situación de calle o en infraviviendas, así como un
servicio gratuito de intermediación con la propiedad del inmueble.
5. Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, regulando el alquiler de habitaciones que permita dotar de seguridad jurídica a los arrendatarios, una situación habitacional muy extendida entre personas en situación de exclusión social.
6. Potenciar la colaboración e implicación activa del Tercer Sector de Acción Social: Gestión y promoción (de obra nueva o de remodelación y rehabilitación) de soluciones habitacionales sociales, rehabilitación con empresas de inserción, acompañamiento social
de las familias, coordinación entre salud, vivienda y servicios sociales, apoyo con
programas de inserción sociolaboral, etc.
7. Asegurar políticas integrales con enfoque de derechos humanos que den respuesta a las
necesidades de las personas, complementando de manera coordinada las políticas de
acceso a la vivienda con otras que garanticen la inclusión social de la ciudadanía en
situación más empobrecida y vulnerable.
8. Garantía de accesibilidad universal y eliminación de barreras arquitectónicas,
comunicativas y cognitivas en todos los edificios y viviendas mediante rehabilitación y
reformas integrales. Modificando la Ley de Propiedad Horizontal y con financiación
suficiente, preferiblemente de pago adelantado.
La exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y
multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas.
Ha llegado la hora de concretar acciones que cambien positiva y eficazmente el destino
de millones de personas. ¡La vivienda es una emergencia!
Defendemos el derecho humano a la vivienda digna, adecuada y accesible.
Actívate contra la Pobreza.
#EmergenciaVivienda
Toda la información en la web de EAPN