Ser menor y tener un progenitor en prisión es una realidad con escasa visibilidad. La literatura o estadísticas sobre este escenario son prácticamente inexistentes. No obstante, los pocos datos sobre maternidad y paternidad de población penitenciaria son bastante reveladores.
Según el Informe Space 2023 del Consejo de Europa, más del 80% de las mujeres encarceladas son madres, con un promedio de dos hijos o hijas por mujer. Además, Children of Prisoners Europe estima que alrededor de 2,1 millones de menores cuentan con progenitores en prisión.
La mayoría de esos niños y niñas viven esta separación de su padre o madre durante todo el tiempo que dura el encierro, salvo en el caso de menores de 3 años que por ley pueden convivir con su madre en el interior del centro penitenciario correspondiente si se dan los requisitos necesarios. Según datos del Consejo de Europa, en 2023, 853 menores de edad se encontraban en esta situación, de los cuales 57 lo estaban en prisiones españolas, convirtiendo a España en el tercer puesto de este ranking, solo superado por Turquía y Polonia.
Más allá de esos casos, ser menor y tener un progenitor en prisión implica escasas oportunidades para mantener la relación constante, espontánea y fluida que requiere el vínculo paterno/materno-filial. El contacto diario al que ambas partes están acostumbradas es reemplazado por llamadas o videollamadas – de muy reciente introducción – de 8 minutos, con un máximo de 10 a la semana; comunicaciones semanales de 40 minutos a través de un cristal; vis a vis familiares de 1 a 3 horas una vez al mes; y en el caso de menores de 10 años, una convivencia familiar trimestral de máximo 6 horas. Todo ello claramente insuficiente para que ese vínculo no se vea gravemente afectado y las partes profundamente afectadas.
Nuestro proyecto Escuela de Convivencia parte de esta realidad y se marca dos objetivos: hacer un estudio-diagnóstico del impacto y las necesidades que genera en un menor o en una menor el ingreso en prisión de uno de sus progenitores y, a partir de los resultados, diseñar acciones de sensibilización y formación especializada que contribuyan a reducir los estigmas que recaen sobre las familias en general y los hijos e hijas en particular de personas privadas de libertad.
El diagnóstico incluye además una triple perspectiva: la de menores con su padre o madre en prisión; la de población reclusa con hijos e hijas menores; y la de las personas que están a cargo de menores con su padre o madre en la cárcel. Esto nos permitirá ajustar las acciones posteriores a cada necesidad y a cada grupo, extensibles a profesionales del ámbito socioeducativo y jurídico-penitenciario, y a la sociedad en general. Todo ello con la intención de implicar al mayor número de partes posibles en la mejora de la atención, el acompañamiento, el apoyo y el desarrollo e integración de estos y estas menores que demasiado a menudo son víctimas invisibles, no solo de los errores cometidos por sus progenitores, sino del propio sistema.
Y es que, como decíamos al principio, y a pesar de regulaciones claras al respecto como la de la Convención sobre los Derechos del Niño o las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, estamos ante un fenómeno y una realidad invisible e ignorada, con una ausencia de datos, estudios, estadísticas y medidas específicas, tal y como vienen denunciando y reclamando organizaciones como Children of Prisoners Europe. Ni siquiera existe un dato oficial sobre el porcentaje de población reclusa con hijos e hijas menores, o el porcentaje de menores con padre o madre cumpliendo pena de cárcel, lo que dificulta mucho la elaboración de políticas, iniciativas y acciones dirigidas a entender y atender las necesidades de un segmento de población tan vulnerable como olvidado.
Este proyecto está financiado gracias a la subvención otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la realización de actividades de interés social, a partir de la asignación tributaria que se genera al marcar la X Solidaria en la declaración de la renta por parte de los ciudadanos y la casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades por parte de las empresas.
