Durante el 2026, en Fundación Esplai estamos dinamizando un proceso de reflexión y debate en torno al tema “Inteligencia artificial y derechos sociales en el Tercer Sector”. Hemos entrevistado a diferentes personas expertas que nos aportan conocimiento.
Alberto Gago es Director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, lideró la coordinación regulatoria digital y participó en las negociaciones de la Ley de IA (AI Act), así como en acuerdos con América Latina y el sector privado. Participó en el impulso del Sandbox de IA de España, el primer entorno regulatorio de pruebas de la UE, y contribuyó a la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Participó en iniciativas como Gaia-X España, ESNA y ETCI, así como en estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial. Representó a España ante la ONU, la OCDE y el G20, promoviendo una gobernanza ética de la IA y apoyando el establecimiento del Laboratorio de Gobernanza de IA de la ONU en España.
1. ¿Qué riesgos asociados a la inteligencia artificial consideras más urgentes desde la perspectiva de los derechos de las personas?
La inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para mejorar la vida de la ciudadanía, desde la salud a la productividad económica. Sin embargo, también plantea riesgos que debemos conocer. Entre ellos destacan la desinformación, la manipulación de contenidos, el fraude digital y determinadas formas de violencia digital que pueden amplificarse dado el fácil acceso a estas herramientas y la capacidad de la IA para generar y difundir contenidos a gran escala.
También preocupa la posibilidad de que determinados sistemas reproduzcan o amplifiquen sesgos y discriminaciones existentes en la sociedad. Si los datos utilizados para entrenar una IA contienen desequilibrios o prejuicios, estos pueden trasladarse a decisiones que ámbitos relevantes de la vida de las personas, y especialmente, de los colectivos vulnerables
Por eso los derechos fundamentales y el Estado de derecho deben ser el marco de referencia en el que se desarrollen los avances tecnológicos. En esta dirección es en la que trabajamos desde el Gobierno de España y desde la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que es la encargada de promover el desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la inteligencia artificial y de garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía.
2. ¿Qué responsabilidades corresponden a quienes desarrollan, utilizan y regulan los sistemas de inteligencia artificial?
La responsabilidad debe entenderse como una tarea compartida. Los desarrolladores deben incorporar la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales desde el diseño de los sistemas. Quienes los utilizan deben hacerlo de forma responsable.
Las autoridades públicas, por nuestra parte, debemos garantizar el cumplimiento de las normas y generar un entorno de confianza que favorezca una innovación segura y sostenible.
En AESIA tenemos muy claro que la innovación y la regulación deben ir de la mano, de forma que se genere un ecosistema seguro para las empresas y para la ciudadanía que usará esta tecnología. Por ello, disponemos de 16 guías bilingües para explicar el Reglamento Europeo de IA, hemos organizado con mucho éxito el primer entorno controlado de pruebas de IA en Europa donde las empresas españolas han podido probar
sus productos antes de salir al mercado y tenemos un plan de alfabetización, entre otras muchas medidas. Les animamos a visitar nuestra web para conocer nuestros servicios para las empresas y la ciudadanía.
3. ¿Cómo puede garantizarse que la inteligencia artificial refuerce los derechos fundamentales en lugar de generar nuevas desigualdades?
Europa ha sido la primera en dar un paso al frente para proteger nuestros derechos. Bajo la Presidencia española de la Unión Europea, se impulsó el primer reglamento del mundo para regular la inteligencia artificial, una legislación esencial.
Por ello, se ha incorporado la protección de los derechos fundamentales desde el inicio del ciclo de vida de los sistemas de IA y no únicamente cuando aparecen los problemas. Es esencial evaluar los riesgos antes de desplegar las herramientas, analizar los posibles impactos sobre colectivos vulnerables y establecer mecanismos que permitan detectar y corregir sesgos discriminatorios.
También la transparencia y la formación desempeñan un papel decisivo. Como obliga el Reglamento Europeo, las personas deben poder saber cuándo están interactuando con sistemas de inteligencia artificial y disponer de los conocimientos necesarios para comprender sus beneficios, identificar posibles riesgos y ejercer sus derechos en el entorno digital.
Nuestro país siempre está en la vanguardia de la inteligencia artificial ética. El Gobierno de España fue el primero en crear el Observatorio de Derechos Digitales para velar por la protección de las personas y fuimos el primer país del mundo que aprobó una Carta de Derechos Digitales ya en el año 2021.
4. ¿Qué papel puede desempeñar la sociedad civil en la supervisión y gobernanza de la inteligencia artificial?
La gobernanza de la inteligencia artificial no puede construirse únicamente desde las administraciones públicas. Las asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales, centros de investigación, representantes sociales… aportan perspectivas muy valiosas que nos ayudan a identificar impactos y evitar problemas.
En la AESIA hemos creado el Laboratorio de Ideas en IA de España, donde expertos al más alto nivel prevén los impactos de la inteligencia artificial para estar preparados y actuar con anticipación. En el Laboratorio están presentes diversos representantes de la sociedad civil, desde asociaciones digitales hasta representantes sindicales o sociales.
También organizamos encuentros periódicos con la ciudadanía en los que hablamos con todos los colectivos para que nos cuenten sus inquietudes sobre la IA, a la vez que les facilitamos formación en esta materia. El objetivo no solo es escuchar y ofrecer alfabetización gratuita y confiable en inteligencia artificial sino que nadie se quede atrás con estas tecnologías.
5. ¿Cuál es el principal desafío que afrontará la regulación de la IA en los próximos años?
Probablemente el principal desafío será mantener el equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos fundamentales en un mundo en el que la tecnología evoluciona muy rápido, de ahí el gran valor de los pasos ya avanzados por Europa.
Por eso, la clave es adelantarse a los impactos de la inteligencia artificial. El Laboratorio de Ideas en IA de la AESIA está proponiendo soluciones para que se traduzcan en políticas públicas y reformas legales que garanticen una IA al servicio de las personas.