La prisión no solo restringe la libertad física, sino que también impacta profundamente en la salud mental de los internos e internas. Factores como la estigmatización, el aislamiento, el hacinamiento, la falta de privacidad, la exposición a situaciones traumáticas, las condiciones de vida precarias, la separación de los seres queridos, la incertidumbre y la tensión constante aumentan la vulnerabilidad de las personas encarceladas. La relación entre la privación de libertad y la salud mental ha sido objeto de atención en las últimas décadas, resaltando la necesidad de un abordaje integral.
La salud mental en el contexto penitenciario es un tema complejo y a menudo descuidado, a pesar de su relevancia para la rehabilitación y reintegración social de las personas privadas de libertad. Las prisiones, diseñadas históricamente para el castigo y no para la rehabilitación, se convierten en espacios que exacerban problemas psicológicos preexistentes y generan nuevos trastornos debido a las condiciones de aislamiento, hacinamiento y violencia.
Un alto porcentaje de la población penitenciaria presenta trastornos mentales al momento de su ingreso. Entre los más comunes están la depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático y las adicciones. Además, la privación de la libertad aumenta el riesgo de suicidio, que es una de las principales causas de muerte en prisiones a nivel mundial.
La situación se agrava por la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado. En muchos casos, los sistemas penitenciarios carecen de recursos suficientes, como personal especializado y acceso a medicamentos. Esto genera un círculo vicioso: la ausencia de apoyo contribuye al deterioro mental, lo que a su vez dificulta la convivencia y el cumplimiento de las normas en el entorno carcelario.
La salud mental en prisión no debe ser un tema relegado. Atender este desafío no solo mejora la calidad de vida de las personas privadas de libertad, sino que también contribuye a una sociedad más segura y equitativa al facilitar su rehabilitación y reintegración. Es responsabilidad de los gobiernos, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto garantizar que los derechos humanos y la dignidad de todos sean respetados, incluso dentro de los muros de una prisión.
Tras casi 20 años en prisión, pienso que se necesitan más asociaciones de fuera, de la calle, que entren a intervenir en el ámbito penitenciario. Al final es gracias a las asociaciones, entidades y ONGs por las que estamos donde estamos, porque se preocupan por nosotros y hacen las cosas de corazón. Nos escuchan y nos hacen sentir escuchados. No ven el delito o la enfermedad mental, sino que ven a la persona.
Desde Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, a través del proyecto Reconéctate dentro del marco de Justicia Educativa, intervenimos con personas privadas de libertad que también tienen otras vulnerabilidades añadidas, como problemas de salud mental. En el Centro Penitenciario de Ocaña II, en Toledo, participan internos del programa PAIEM, de atención integral a personas con enfermedad mental.
